Los partidarios de la independencia de Cataluña están preparando con todo detalle la transición hacia un Estado independiente. Parecen haber convencido a la mayoría de las fuerzas políticas y sociales y de los ciudadanos de la región de la imperiosa necesidad de ejercer ese eufemismo que llaman “derecho a decidir”, que no es sino una añagaza para acordar unilateralmente y en contra de la Constitución la independencia del resto de España. Por su parte, los partidarios de la independencia de las Provincias Vascongadas aguardan expectantes el desenlace de la cuestión catalana, para lanzar su desafío.

Mientras tanto, el Gobierno de España se limita a verlas venir o, como mucho, a advertir de que, tanto la secesión, como el referéndum, son ilegales. Esta estrategia, que más que prudente parece temerosa, solo excita y rearma a los partidarios de la secesión y va a conducir a España al desastre. Por otro lado, los independentistas están haciendo cundir la especie de que oponerse a sus (ilegales) pretensiones es antidemocrático. La pasividad del Gobierno de España está facilitando que esta idea, tan insidiosa para los españoles, se asiente en el debate público nacional como una verdad incontestable.

Estamos convencidos de que si una mayoría sustancial de la población de una región española desea claramente separarse de España, blandir la Constitución y la legalidad vigente es un recurso necesario, pero insuficiente.

Por eso, ha llegado el momento y ojalá no sea demasiado tarde, de que los españoles que somos contrarios a la secesión de cualquier porción del territorio nacional empecemos a advertirles a los secesionistas de qué terreno están pisando, de cuáles son las condiciones de la posible secesión.

Puede haber muchos motivos para oponerse a la desmembración de España y casi todos ellos serán respetables. Pero a nosotros nos mueven, sobre todo, estos dos:

1. El conjunto del pueblo español ostenta un derecho de soberanía sobre la totalidad del territorio nacional y nadie puede birlarnos ni un solo metro cuadrado del mismo sin nuestro consentimiento.

2. Al margen de cuestiones legales, históricas, culturales o sentimentales, la ruptura de la nación será la ruina económica de casi todos nosotros y, por tanto, debemos intentar evitarlo a toda costa.

En cambio, los independentistas, no es que crean que la independencia les saldrá gratis, sino que están convencidos de que es un gran negocio. Y hay que advertirles a nuestros conciudadanos de las regiones levantiscas que la ruina que provocará la secesión no afectará sólo al resto de España, sino también, y sobre todo, a ellos.
No debemos olvidar, por otra parte, las enseñanzas de la historia, algunas muy recientes, como la de los Balcanes y la pulverización de Yugoeslavia. La exacerbación de los nacionalismos y los movimientos secesionistas, con frecuencia, terminan en un mar de muerte, dolor y destrucción.

Ni el Gobierno, ni el Partido Popular, ni mucho menos, el PSOE, parecen entender la entidad del desafío. De modo que tendremos que ser ciudadanos independientes los que enarbolemos esta bandera.

Desde este foro nos dirigimos a todos los ciudadanos españoles para que se sumen a esta iniciativa. Quienes se adhieran a ella estarán expresando su voluntad de no apoyar con su voto en las elecciones ninguna opción política que no asuma los postulados que se enuncian en este Decálogo.

DECÁLOGO PARA LA SECESIÓN DE CUALQUIER PORCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL DE ESPAÑA

Ningún grupo de ciudadanos españoles tiene derecho a exigir del Estado de España la secesión de una parte del territorio nacional. Ni las leyes internacionales ni las españolas reconocen tal derecho. Lo anterior es también plenamente aplicable a los ciudadanos que viven en el territorio de las cuatro provincias históricas que constituyen la región, conocida con el nombre de Cataluña, que se encuentra situada en el nordeste de la Península Ibérica y a los que viven en el territorio de las tres Provincias Vascongadas.

No obstante, si llegara a ser notorio que una mayoría cualificada de los ciudadanos que viven en una región son partidarios de la secesión, el Gobierno de España convocará un referéndum, con el fin de confirmar que la voluntad separatista cuenta con dicha mayoría cualificada. Las condiciones del referéndum y de la hipotética secesión son actos de soberanía y, por tanto, serán establecidos, unilateralmente, por las Cortes Generales. Los siguientes apartados tratan de las referidas condiciones.

El establecimiento de las condiciones del referéndum y de la hipotética secesión se llevará a cabo bajo los siguientes principios básicos, que informarán el contenido de dichas condiciones:

a) La confirmación de la voluntad separatista de una mayoría cualificada de los ciudadanos de una región española será considerada una decisión hostil e insolidaria por el conjunto de España, debido a los graves perjuicios materiales y de todo tipo que provocará al resto de los españoles la secesión.

b) El conjunto de los españoles no reconoce tener ninguna deuda, ni histórica, ni actual, ni de carácter político, ni económico, ni de ninguna otra índole, con los españoles que viven en la región de Cataluña o en las Provincias Vascongadas. Antes al contrario, el resto de los españoles exigiremos que, en caso de secesión, se tengan en cuenta las ventajas históricas de las que han disfrutado dichos territorios, que han supuesto correlativas desventajas de otras partes de España, con motivo de la política arancelaria del Estado y por otras causas.

c) El último principio es una elemental regla de conducta que consiste en lo siguiente: si alguien está incómodo en el lugar donde se encuentra y lo quiere abandonar, lo que debe hacer es marcharse haciendo el menor ruido posible y sin molestar a los que quieren permanecer donde están; y cerrar la puerta suavemente al salir.

El referéndum que, en su caso, se convoque planteará la pregunta clara e inequívoca de si los ciudadanos de la región quieren seguir siendo españoles o dejar de serlo. Los resultados del referéndum se computarán teniendo en cuenta la posibilidad de que existan poblaciones suficientemente concentradas en el territorio de la región que no quieran la independencia. En tal caso, tales enclaves continuarán formando parte del Estado de España, con el nombre de la región de la que forman parte y no se independizarán. Si el resultado del referéndum arroja la mayoría que las Cortes Generales haya considerado suficiente, se adoptarán los procedimientos que sean necesarios para que las partes del territorio de la región en los que se haya producido dicha mayoría cualificada se separen del resto de España. Si el resultado del referendum es contrario a la secesión, el Gobierno de España no podrá volver a convocar en el mismo territorio otro con la misma finalidad en los próximos 50 años.

Con carácter previo a la secesión, las Cortes Generales deberán fijar las condiciones económicas de la misma, entre las que, necesariamente, se encontrarán las siguientes:

1. Se fijará una compensación, que deberán abonar los habitantes del territorio secesionado al resto de los españoles, por sus ventajas históricas y por los perjuicios que al resto de España le producirá la secesión.

2. Las Cortes fijarán también una asignación territorial a abonar por el territorio secesionado, con una duración de 100 años, que compensará a los territorios que quedan en peor situación que aquel, tras la secesión.

3. El territorio secesionado no tendrá derecho a percibir cantidad alguna del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ni a participar en ningún otro fondo, patrimonio, bienes o rentas que sean propiedad del conjunto de España o de los españoles.

4. El territorio secesionado asumirá una porción de la deuda pública del Reino de España, en proporción a su participación en el PIB nacional en el momento de la secesión. A tal efecto, quedarán hipotecados bienes propiedad de ciudadanos e instituciones del territorio secesionado, en cuantía suficiente para garantizar la referida obligación.

5. Los inmuebles y demás bienes que sean propiedad del Estado de España y que se encuentren en el territorio secesionado no alterarán su titularidad tras la secesión. Esta regla será aplicable, no sólo a los inmuebles que estén inscritos a nombre del Estado en los registros de la propiedad, sino a todos aquellos que estén afectos a servicios públicos estatales, aunque no se encuentren inmatriculados. La venta de estos inmuebles al territorio secesionado se realizará teniendo en cuenta su coste de producción actualizado y, en su caso, a valor de mercado.

6. Los habitantes del territorio secesionado deberán sufragar todos los gastos que a España le suponga la secesión, tales como el establecimiento de fronteras, aduanas, aranceles, etc.

España utilizará su derecho de veto para impedir que el territorio secesionado ingrese en la Unión Europea o dificultará su ingreso en otras organizaciones internacionales, si dicho ingreso supone cualquier clase de perjuicio a España o a sus ciudadanos.

España se reserva el derecho de servidumbre de paso a través del territorio secesionado, para el uso de todas las vías de comunicación actualmente existentes o de las que resulte conveniente trazar en el futuro.

España se reserva el derecho de impedir que los equipos deportivos del territorio secesionado continúen participando en las ligas españolas tras la secesión.

Será considerado un acto gravemente hostil a España cualquier clase de discriminación por razón de la lengua española o de la nacionalidad española que las instituciones o los ciudadanos del territorio secesionado inflijan a los ciudadanos que opten por permanecer viviendo en dicho territorio.

También serán considerados actos gravemente hostiles a España las iniciativas que lleven a cabo personas o instituciones del territorio secesionado en foros internacionales, que persigan el desprestigio de España, sus ciudadanos e instituciones o que de cualquier forman les perjudiquen.

La independència no és gratis (contra la balcanització i el suïcidi d'Espanya)

Els partidaris de la independència de Catalunya estan preparant amb tot detall la transició cap a un Estat independent. Semblen haver convençut la majoria de les forces polítiques i socials i dels ciutadans de la regió de la imperiosa necessitat d'exercir aquest eufemisme que anomenen "dret a decidir", que no és sinó una trampa per acordar unilateralment i en contra de la Constitució la independència de la resta d'Espanya. Per la seva banda, els partidaris de la independència de les Províncies Vascongadas esperen expectants el desenllaç de la qüestió catalana, per llançar el seu desafiament.

Mentrestant, el Govern d'Espanya es limita a veure-les venir o, com a molt, a advertir que, tant la secessió, com el referèndum, són il · legals. Aquesta estratègia, que més que prudent sembla temorosa, només excita i rearma als partidaris de la secessió i va a conduir a Espanya al desastre. D'altra banda, els independentistes estan fent estendre l'espècie de què oposar-se als seus (il · legals) pretensions és antidemocràtic. La passivitat del Govern d'Espanya està facilitant que aquesta idea, tan insidiosa per als espanyols, s'assenti en el debat públic nacional com una veritat incontestable.

Estem convençuts que si una majoria substancial de la població d'una regió espanyola desitja clarament separar-se d'Espanya, brandar la Constitució i la legalitat vigent és un recurs necessari, però insuficient.

Per això, ha arribat el moment i tant de bo no sigui massa tard, que els espanyols que som contraris a la secessió de qualsevol porció del territori nacional comencem a advertir als secessionistes quin terreny han arribat, de quines són les condicions de la possible secessió.

Hi pot haver molts motius per oposar-se al desmembrament d'Espanya i gairebé tots ells seran respectables. Però a nosaltres ens mouen, sobretot, aquests dos:

1. El conjunt del poble espanyol té un dret de sobirania sobre la totalitat del territori nacional i ningú pot birlarnos ni un sol metre quadrat del mateix sense el nostre consentiment.

2. Al marge de qüestions legals, històriques, culturals o sentimentals, la ruptura de la nació serà la ruïna econòmica de gairebé tots nosaltres i, per tant, hem d'intentar evitar a tota costa.

En canvi, els independentistes, no és que creguin que la independència els sortirà gratis, sinó que estan convençuts que és un gran negoci. I cal advertir als nostres conciutadans de les regions levantiscas que la ruïna que provocarà la secessió no afectarà només a la resta d'Espanya, sinó també, i sobretot, a ells.

No hem d'oblidar, per altra banda, els ensenyaments de la història, algunes molt recents, com la dels Balcans i la polvorització de Iugoslàvia. L'exacerbació dels nacionalismes i els moviments secessionistes, sovint, acaben en un mar de mort, dolor i destrucció.

Ni el Govern, ni el Partit Popular, ni molt menys, el PSOE, semblen entendre l'entitat del desafiament. De manera que haurem de ser ciutadans independents els que enarbolemos aquesta bandera.

Des d'aquest fòrum ens dirigim a tots els ciutadans espanyols perquè se sumin a aquesta iniciativa. Els que adhereixin estaran expressant la seva voluntat de no donar suport amb el seu vot en les eleccions cap opció política que no assumeixi els postulats que s'enuncien en aquest Decàleg.

DECÀLEG PER A LA SECESSIÓ DE QUALSEVOL PORCIÓ DEL TERRITORI NACIONAL D'ESPANYA

Cap grup de ciutadans espanyols té dret a exigir de l'Estat d'Espanya la secessió d'una part del territori nacional. Ni les lleis internacionals ni les espanyoles reconeixen aquest dret. Això és també plenament aplicable als ciutadans que viuen al territori de les quatre províncies històriques que constitueixen la regió, coneguda amb el nom de Catalunya, que es troba situada al nord-est de la Península Ibèrica i als que viuen al territori de les tres Províncies Vascongadas.

No obstant això, si arribés a ser notori que una majoria qualificada dels ciutadans que viuen en una regió són partidaris de la secessió, el Govern d'Espanya convocarà un referèndum, amb la finalitat de confirmar que la voluntat separatista compta amb aquesta majoria qualificada. Les condicions del referèndum i de la hipotètica secessió són actes de sobirania i, per tant, seran establerts, unilateralment, per les Corts Generals. Els següents apartats tracten de les referides condicions.

L'establiment de les condicions del referèndum i de la hipotètica secessió es durà a terme sota els següents principis bàsics, que informaran el contingut d'aquestes condicions:

a) La confirmació de la voluntat separatista d'una majoria qualificada dels ciutadans d'una regió espanyola serà considerada una decisió hostil i insolidària pel conjunt d'Espanya, a causa dels greus perjudicis materials i de tota mena que provocarà a la resta dels espanyols la secessió.

b) El conjunt dels espanyols no reconeix tenir cap deute, ni històrica, ni actual, ni de caràcter polític, ni econòmic, ni de cap altra índole, amb els espanyols que viuen a la Comunitat Autònoma de Catalunya oa la del País Basc.  Abans al contrari, la resta dels espanyols exigirem que, en cas de secessió, es tinguin en compte els avantatges històriques de les que han gaudit aquests territoris, que han suposat correlatives desavantatges d'altres parts d'Espanya, amb motiu de la política aranzelària del Estat i per altres causes.

c) L'últim principi és una elemental regla de conducta que consisteix en el següent: si algú està incòmode en el lloc on es troba i el vol abandonar, el que ha de fer és anar-se'n fent el menor soroll possible i sense molestar els que volen romandre on són, i tancar la porta suaument al sortir.

El referèndum que, si escau, es convoqui plantejarà la pregunta clara i inequívoca de si els ciutadans de la regió volen seguir sent espanyols o deixar de ser-ho. Els resultats del referèndum es computaran tenint en compte la possibilitat que hi hagi poblacions prou concentrades en el territori de la regió que no vulguin la independència. En aquest cas, com enclavaments continuaran formant part de l'Estat d'Espanya, amb el nom de la regió de la qual formen part i no s'independitzaran. Si el resultat del referèndum llança la majoria que les Corts Generals hagi considerat suficient, s'adoptaran els procediments que siguin necessaris perquè les parts del territori de la regió en què s'hagi produït aquesta majoria qualificada es separin de la resta d'Espanya. Si el resultat del referèndum és contrari a la secessió, el Govern d'Espanya no podrà tornar a convocar en el mateix territori altre amb la mateixa finalitat en els propers 50 anys.

Amb caràcter previ a la secessió, les Corts Generals han de fixar les condicions econòmiques de la mateixa, entre les que, necessàriament, es trobaran les següents:

1. Es fixarà una compensació, que hauran d'abonar els habitants del territori secesionado a la resta dels espanyols, pels seus avantatges històriques i pels perjudicis que a la resta d'Espanya li produirà la secessió.

2. Les Corts fixaran també una assignació territorial a abonar pel territori secesionado, amb una durada de 100 anys, que compensarà els territoris que queden en pitjor situació que aquell, després de la secessió.

3. El territori secesionado no tindrà dret a percebre cap quantitat del Fons de Reserva de la Seguretat Social, ni a participar en cap altre fons, patrimoni, béns o rendes que siguin propietat del conjunt d'Espanya o dels espanyols.

4. El territori secesionado assumirà una porció del deute públic del Regne d'Espanya, en proporció a la seva participació en el PIB nacional en el moment de la secessió. A aquest efecte, quedaran hipotecats béns propietat de ciutadans i institucions del territori secesionado, en quantia suficient per a garantir l'obligació esmentada.

5. Els immobles i altres béns que siguin propietat de l'Estat d'Espanya i que es trobin en el territori secesionado no alteraran la seva titularitat després de la secessió. Aquesta regla és aplicable, no només als immobles que estiguin inscrits a nom de l'Estat en els registres de la propietat, sinó a tots aquells que estiguin afectes a serveis públics estatals, encara que no estiguin inmatriculados. La venda d'aquests immobles al territori secesionado es realitzarà tenint en compte el cost de producció actualitzat i, si escau, a valor de mercat.

6. Els habitants del territori secesionado hauran de sufragar totes les despeses que a Espanya li suposi la secessió, com ara l'establiment de fronteres, duanes, aranzels, etc.

Espanya utilitzarà el seu dret de veto per impedir que el territori secesionado ingressi a la Unió Europea o dificultarà el seu ingrés a altres organitzacions internacionals, si l'ingrés suposa qualsevol mena de perjudici a Espanya o als seus ciutadans.

Espanya es reserva el dret de servitud de pas a través del territori secesionado, per l'ús de totes les vies de comunicació actualment existents o de les que resulti convenient traçar en el futur.

Espanya es reserva el dret d'impedir que els equips esportius del territori secesionado continuïn participant en les lligues espanyoles després de la secessió.

Serà considerat un acte greument hostil a Espanya qualsevol classe de discriminació per raó de la llengua espanyola o de la nacionalitat espanyola que les institucions o els ciutadans del territori secesionado infligeixin als ciutadans que optin per romandre vivint en el territori.

També seran considerats actes greument hostils a Espanya les iniciatives que portin a terme persones o institucions del territori secesionado en fòrums internacionals, que persegueixin el desprestigi d'Espanya, els seus ciutadans i institucions o que de qualsevol formen els perjudiquin.